La vicesecretaria general de UGT, Lola Navarro, y la secretaria de Mujeres e Igualdad de CCOO, Carolina Vidal, enviaron una carta a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, para exigir que la representación de las personas trabajadoras se mantenga como requisito obligatorio.
El Proyecto de Real Decreto (PRD) regulador del Distintivo «Igualdad en la Empresa y por una Sociedad Libre de Violencia de Género» ha tenido un trámite en Audiencia Pública y ha sido Dictaminado por el Consejo Económico y Social.
En ambos espacios de participación, tanto UGT como CCOO han hecho llegar sus observaciones, discrepancias y propuestas, en relación a varios aspectos (requisitos, valoración de las medidas implementadas en base a resultados, vigencia delimitada y no indefinida, refuerzo en causas de suspensión, obligaciones de las empresas y entidades de acreditar logros, refuerzo de mecanismos de control y verificación, etc.), pero, sobre todo, de un cambio en la normativa que resultaría crucial, y es que la declaración de apoyo de la Representación Legal de las Personas Trabajadoras (RLPT) deja de ser un requisito y pasa a ser un criterio de valoración, es decir, deja de ser obligatoria para ser prescindible.
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